Los beneficiados de DACA y TPS enfrentan un año decisivo en 2019

EFE/Enrique García Fuentes

Los Ángeles, (EFEUSA).- Un panorama difícil tienen en 2019 más de un millón de indocumentados beneficiados por programas de amparo que serán estudiados en los próximos meses por la Corte Suprema.
Lo primero que evaluará el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, es la situación de los casi 700.000 beneficiados por la Acción Diferida Para los Llegados en la Infancia (DACA), que regulariza, aunque de manera temporal, a los jóvenes indocumentados que llegaron de la mano de sus padres.
United We Dream, la organización más grande que agrupa a los beneficiarios de DACA, estima que la Corte Suprema podría decidir si atiende este caso a mediados de enero próximo.
Cesar Vargas, cofundador de Dream Action Coalition, señaló a Efe que los amparados por DACA deben estar preparados para un fallo adverso y, además de invocarles a renovar su estatus para así ganar dos años más, avisa que hay que destinar esfuerzos en presionar al Congreso.
«Las demandas nos dieron tiempo pero, aún si la Corte Suprema falle a nuestro favor, necesitamos una solución definitiva y no podemos perder este objetivo», advirtió Vargas, quién también estuvo amparado por el programa DACA.
Al Congreso también apuntan los más de 430.000 inmigrantes, de los cuales unos 350.000 son centroamericanos, amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), el amparo migratorio concedido a nacionales de países afectados por guerras o desastres naturales.
En febrero próximo, un grupo de 3.000 amparados por el TPS, entre activistas y miembros de organizaciones que conforman la Alianza TPS, llegará a Washington para pedir al nuevo Congreso, cuya cámara Baja será ya de mayoría demócrata, una solución permanente.
De hecho, varios congresistas hispanos han enviado una carta a Nancy Pelosi, quién asumirá la dirección de dicha cámara a partir de enero, para que en los primeros cien días de trabajo el nuevo Congreso promulgue leyes que protejan a los beneficiados por DACA y TPS.
El otro frente de batalla para los activistas en defensa del TPS está en los tribunales.

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